Documentos publicados el pasado miércoles indican que el gobierno federal ha monitoreado a un conjunto de cronistas, abogados, defensores y activistas que interaccionaron con las caravanas de migrantes que llegaron a Tijuana a fines del año pasado.
Hace tan sólo una semana, un letrado de Al Otro Lado, una organización de servicios legales que ha estado apoyando a los migrantes en Tijuana, fue detenido cuando trataba de entrar a México en lo que algunos creen que es una represalia contra las personas que trabajaron con la caravana o bien cubrieron la historia de su viaje a la frontera.
La NBC7 de San Diego publicó el pasado miércoles documentos filtrados que señalan que el gobierno de USA ha mantenido expedientes de un grupo de 59 defensores, activistas, abogados y cronistas que tuvieron algún tipo de relación con la caravana de migrantes que llegó a Tijuana en noviembre.
Muchos de ellos aparecieron en artículos precedentes de The San Diego Union-Tribune, Los Angeles Times y The Intercept hablando de frecuentes interrogatorios en la frontera o de que se les negaba la entrada a México.
Otros, como la fotógrafa independiente Kitra Cahana, se vieron impedidos de entrar a México. A Cahana se le negó un par de veces la entrada al país cuando trató de volver para continuar su trabajo con los migrantes.
La mayoría, mas no todas y cada una, las personas entrevistadas por el Union-Tribune que pensaban que habían sido blanco de las investigaciones de Aduanas y Protección Fronteriza habían estado presentes cuando ciertos miembros de la caravana procuraban cruzar la frontera ilegalmente durante el percance del Año Nuevo, cuando más de 100 migrantes se reunieron en el lado sur de la frontera y los oficiales estadounidenses disparasen gas lacrimógeno. (Los oficiales mantienen que estaban respondiendo a las piedras que se les lanzaban, pero ciertos testigos han cuestionado el orden de los hechos).
Los documentos publicados indican que los funcionarios colocaron alertas sobre algunas de las personas del grupo y anularon visas o pases SENTRI a otras. Por lo menos nueve personas en los documentos parecen tener una X roja sobre sus fotografías, lo que señala que fueron arrestadas. Ciertos de esos nueve fueron deportados posteriormente de México.
Cuando se le preguntó sobre los expedientes, un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza afirmó que las caravanas que llegaban habían “añadido nuevos y mayores retos a una misión ya por sí complicada y peligrosa”.
“Los eventos criminales, como la violación del muro fronterizo en San Diego, que implica asaltos a las fuerzas de seguridad y un peligro para la seguridad pública, son rutinariamente monitoreados y también investigados por las autoridades”, dijo el funcionario de la CBP.
“Estas actividades podrían resultar en una revisión más profunda de aquellos que procuran entrar a nuestro país. El protocolo que prosigue a estos incidentes es recoger las pruebas que puedan ser necesarias para futuras acciones legales y determinar si el evento fue orquestado. CBP y nuestros asociados en la aplicación de la ley evalúan estos incidentes, prosiguen todas y cada una de las pistas logradas de la información compendiada, hacen entrevistas e investigaciones, para prevenir futuros incidentes que podrían ocasionar más daño al público, a nuestros agentes y a nuestra economía”.
Cuánta autoridad tienen los funcionarios de la frontera para buscar y también interrogar contra cuales son los derechos civiles de las personas que pasan por allá, es algo que se está litigando en los tribunales.
“Esta es una violación escandalosa de la Primera Enmienda”, afirmó Esha Bhandari, letrada del Proyecto de Alegato, Privacidad y Tecnología de la ACLU. “El gobierno no puede usar el pretexto de la frontera para agredir a los activistas que critican sus políticas, a los abogados que proporcionan representación legal o bien a los cronistas que sencillamente hacen su trabajo. Estamos explorando todas las opciones en respuesta”.
El nombre de la abogada de Al Otro Lado, Erika Pinheiro, no aparece en los documentos que publicó la NBC7, mas el de su colega Nicole Ramos sí. (El medio de comunicación diluyó muchos de los rostros y nombres en el expediente, pero Ramos semeja ser la única persona identificada como abogado en las páginas que fueron publicadas. Algunos de los que aparecen en los documentos no tienen un papel de manera plena definido.)
A Pinheiro se le negó la entrada cuando intentó entrar a Tijuana a pie desde San Diego a fines de enero debido a una alarma internacional puesta en su pasaporte, dijo. Pasó alrededor de un mes en U.S.A. tratando de obtener una tarjeta de vivienda para poder retornar.
“Toda mi familia vive en México”, afirmó Pinheiro. “Durante todo el tiempo que estuve fuera, mi familia estaba separada. Me sacaron de México sin mi hijo”.
La alarma se disparó nuevamente cuando condujo hasta el Puerto de Entrada de San Ysidro hace poco más de una semana y llevó los papeles de su tarjeta de residencia a las autoridades de inmigración mexicanas, dijo. Uno de los supervisores le dijo que la alerta es para personas que tienen problemas de seguridad nacional o criminales, afirmó.
Tuvo que llenar un cuestionario que preguntaba si tenía órdenes de arresto en otros países y si alguna vez había sido condenada por un delito. gestor de extranjeria del puerto de entrada enviaron su información a la Urbe de México, y se le dejó entrar al país después de esperar una hora.
“La última vez habían sido considerablemente más agresivos”, afirmó Pinheiro sobre su experiencia. “Esta vez parecían solo confundidos en general”.
Un funcionario de inmigración mexicano confirmó que Pinheiro tuvo que pasar por un “proceso administrativo” en el puerto de entrada debido a una alerta en su pasaporte. El funcionario no pudo decir la razón de la alarma.
Pinheiro cree que el gobierno de U.S.A. puso la marca en su pasaporte.
“Parece que el gobierno de Estados Unidos está enfocándose en cualquiera que preste asistencia a los migrantes”, dijo Pinheiro. “Hay un patrón muy claro de eso”.
Al Otro Lado es parte de múltiples demandas contra las políticas de inmigración de la administración Trump.
El Departamento de Seguridad Nacional se negó a hacer comentarios en el expediente.
Días antes del segundo accidente de Pinheiro en la frontera, los abogados incluyeron una petición de información sobre la alerta en el pasaporte de Pinheiro como parte del proceso de investigación en un caso en el que se alegaba que el gobierno federal rechazaba ilegalmente a los demandantes de asilo. Los documentos de la corte relacionados con la solicitud del letrado se hallan sellados.
Una declaración de las organizaciones implicadas en el caso dijeron que los abogados habían presentado una solicitud de investigación para determinar si las alertas sobre los dos pasaportes de los abogados de Al Otro Lado eran en represalia a la demanda y a la defensa de los solicitantes de asilo por parte de dicha organización. Señala que el trabajo que hacen Pinheiro y múltiples abogados de Al Otro Lado, incluyendo la representación de clientes del servicio en las demandas contra el gobierno de U.S.A., lo cual requiere que puedan viajar a México.
Aunque Pinheiro ha podido regresar a México, le preocupa que se le siga negando la entrada desde cualquier otro país debido a la alerta en su pasaporte.
Su trabajo requiere que viaje a Centroamérica con cierta frecuencia, en tanto que se encuentra entre los que han estado en el terreno apoyando a los progenitores deportados de familias separadas. Precisamente esta semana Al Otro Lado apoyó a veintinueve padres deportados en un viaje de regreso a la frontera de USA en Calexico para solicitar que se reunieran con sus hijos.
Para leer esta nota en inglés,
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